
Las empresas obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT) deben tener presente que el deber de conocer a sus contrapartes no se limita a clientes, proveedores o socios comerciales, sino que también comprende a sus propios trabajadores, quienes forman parte de las personas que deben ser objeto de procedimientos de debida diligencia.
Al respecto, la Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-312321 del 27 de noviembre de 2024, reiteró la importancia de identificar y conocer adecuadamente a las contrapartes con las que las organizaciones mantienen relaciones comerciales, contractuales, laborales o jurídicas.
La debida diligencia constituye un proceso integral y continuo que comprende la identificación, verificación y actualización de la información, así como el monitoreo de las contrapartes. Su finalidad es permitir que las empresas identifiquen oportunamente posibles riesgos asociados a sus operaciones y eviten que sus recursos o estructuras sean utilizados para desarrollar actividades ilícitas.
Es importante tener en cuenta que cada empresa puede establecer sus propios mecanismos de control, teniendo en cuenta que la normativa no establece un procedimiento único de verificación aplicable a todas las organizaciones. Por el contrario, permite que cada empresa diseñe sus propios mecanismos de control, teniendo en cuenta factores como su actividad económica, tamaño, sector, naturaleza de sus operaciones y ubicación geográfica.
En consecuencia, las compañías deben determinar qué información necesitan recopilar, qué verificaciones resultan pertinentes y con qué periodicidad deben actualizar los datos de sus trabajadores y demás contrapartes. La aplicación de estos mecanismos no significa que todos los trabajadores deban estar sometidos a controles idénticos. La intensidad de las verificaciones debe responder al nivel de riesgo identificado, considerando las funciones desempeñadas y el grado de exposición de cada cargo. Por esta razón, las empresas deben encontrar un equilibrio entre la prevención de riesgos y el respeto por los derechos de sus trabajadores, evitando tanto controles insuficientes como exigencias excesivas o injustificadas.
En conclusión, el conocimiento de los trabajadores también hace parte de las responsabilidades empresariales en materia de SAGRILAFT. Por ello, las organizaciones deben incorporar procedimientos de debida diligencia razonables, proporcionales y acordes con sus propias condiciones, fortaleciendo sus mecanismos de prevención sin imponer cargas innecesarias al personal.