La salida de menores de edad de Colombia está sujeta a requisitos migratorios destinados a proteger sus derechos y garantizar que los viajes se realicen conforme a la ley. Sin embargo, existe una excepción cuando uno de los progenitores se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), creado mediante la Ley 2097 de 2021.

De acuerdo con las disposiciones de Migración Colombia, los menores deben presentar un documento de viaje válido y vigente, una copia física o imagen legible del registro civil de nacimiento y, cuando corresponda, la autorización del padre o la madre que no los acompañe. Si viajan por vía aérea, también deben contar con el tiquete correspondiente y cumplir con los requisitos del país de destino.

No obstante, el artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 establece que no se requiere la autorización del padre o la madre inscrito en el REDAM. Para acreditar esta circunstancia, debe presentarse el certificado de inscripción del progenitor moroso ante el puesto de control migratorio. Migración Colombia señala que el documento debe permitir verificar la inscripción y estar vigente.

Esta disposición busca evitar que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, la autorización del progenitor inscrito en el registro no puede exigirse como requisito para la salida del menor, sin perjuicio de las demás condiciones migratorias aplicables.

La aplicación de esta regla fue objeto de una actuación judicial en 2024. El Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó a Migración Colombia actualizar sus procedimientos para dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley 2097 de 2021, luego de advertirse que se exigía la autorización de un progenitor que ya figuraba en el registro.

Por otra parte, la inscripción en el REDAM no se produce automáticamente por la existencia de una deuda alimentaria. La ley contempla la mora de al menos tres cuotas alimentarias, sucesivas o no, y exige que se adelante el procedimiento correspondiente para ordenar el registro, con fundamento en una obligación alimentaria legalmente establecida.